La situacion del campo mexicano

La desigualdad en materia económica que se vive México es alarmante, la distribución de la riqueza en nuestro país es una de las peores en el planeta, unos pocos concentran la mayor parte del ingreso nacional, mientras la mayoría de la población enfrenta graves problemas para subsistir. Y algunos sectores sufren más que otros. El campo, o sea, el sector rural, en términos de mercado, es uno de los más golpeados por las crisis y ha sido excluido por el modelo económico del país, lo cual es muy serio si consideramos que el campo es uno de los pilares sobre los cuales se sostiene la estructura económica de cualquier país. Cuando se examinan los diagnósticos que se han elaborado acerca del sector en los últimos años, la información y las estadísticas muestran un panorama desolador; los indicadores económicos y de calidad de vida revelan que, en muchos aspectos, el campo y sus habitantes no sólo no han mejorado, sino que han retrocedido, dejando a los campesinos en condiciones de pobreza comparables a las de países con economías de menor tamaño que la nuestra.

En México, la población rural se estima actualmente en 24.5 millones de personas. De ellas, 10.7 millones pertenecen a lo que se llama población económicamente activa, pero sólo 3.1 millones de productores son dueños de un pedazo de tierra. Según cifras oficiales, 17 millones de mexicanos vivían en la pobreza en 1994; en 1999 la cifra ascendía a 26 millones. De éstos, 17 millones viven en la pobreza extrema, con un ingreso menor a un dólar diario. Dos de cada tres personas que viven en pobreza extrema están en el campo. Un estudio muy reciente (se dio a conocer a los medios en mayo) realizado por la Universidad de Chapingo y el Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, afirma que la pobreza en el medio rural afecta al 81.5% de la población, y la pobreza extrema alcanza al 55.3%. A nivel macroeconómico, la contribución de la economía rural al Producto Interno Bruto y su capacidad para generar divisas se han reducido dramáticamente en la última década, si bien algunos segmentos y productos del sector, en particular los relacionados con las grandes agroindustrias, han tenido resultados positivos. Los campesinos representan aproximadamente el 27% de la población, pero apenas generan el 6.8% del PIB. Además, el 25% de la población del campo es analfabeta, y sólo uno de cada diez campesinos ha recibido algún tipo de capacitación para el trabajo. La cuestión rural no es un problema menor. Cerca de 10 millones de personas mantienen una estrecha relación laboral con el campo, generando bienes y servicios en sus unidades productivas, como jornaleros agrícolas o trabajando sin remuneración monetaria, como sucede frecuentemente con las mujeres y los menores de edad.

Para aquellos campesinos que han llegado a situaciones límite, la estrategia de supervivencia es la migración. La búsqueda de un nivel de vida mejor ha desplazado a una buena parte de la población rural fuera de sus lugares de origen. Entre las posibles soluciones para la desocupación y la improductividad de la gente del campo, difícilmente puede considerarse su reubicación en empleos o subempleos urbanos. Los empleos urbanos se crean a un ritmo menor que la demanda de ocupación y su generación tiene un costo alto, además de que exigen un nivel de escolaridad o de capacitación superior a los que existen en el medio rural. En el caso del subempleo en las ciudades, los bajos ingresos y la migración se traducen en condiciones indignas de vida. A principios de los años 90, las asociaciones o alianzas de los campesinos con grandes empresas agroindustriales llegaron a considerarse como una alternativa viable para compensar la falta de capital y la incapacidad de los pequeños agricultores para integrarse al mercado de manera competitiva. Los ensayos que se realizaron mostraron que, si bien se logró eficiencia en la producción, la relación comercial provocó, en muchos casos, la reducción en las oportunidades de trabajo para los campesinos, creó dependencia y subordinación de los productores hacia las agroindustrias y, aún en los casos exitosos, hubo grandes dificultades para generalizar las experiencias y hacerlas repetibles. En cuanto al Estado, la reorientación de su relación con el campo y las limitaciones de sus recursos hacen poco realista y sostenible el subsidio permanente y suficiente para el campo como una política pública, tal como lo hacen -en forma abierta o discreta- las economías más fuertes del mundo.

La visión de un campo mexicano productivo, rentable, generador de empleos o situaciones de trabajo, que contribuya de manera significativa al crecimiento de la economía nacional, presenta obstáculos de percepción y enfoque. El sector rural, y sobre todo el pequeño agricultor, son considerados por el gobierno y la sociedad, entidades rezagadas con respecto a las prácticas empresariales modernas, cuando no como arcaicos antecedentes de la cultura de mercado que hoy impera. La atención a los problemas del campo es un tema prioritario, ya que, como lo señala el investigador Ugo Pipitone, del Centro de Investigación y Docencia Económica: "ninguna nación de las consideradas desarrolladas ha logrado alcanzar el bienestar material y social de su población sin incluir a su sector rural. El futuro de nuestro país está estrechamente ligado a la inclusión del campo y sus habitantes en cualquier proyecto de sociedad que se pretenda llevar adelante." Para el diseño de soluciones es fundamental reconocer los recursos de los que se dispone, y también aquellos que son escasos o resultan de difícil acceso. El campo cuenta con mano de obra abundante, gente con amplios conocimientos acerca de su medio y sobre la mejor forma de hacerlo producir. Esta es la principal ventaja con que cuentan los campesinos: ellos mismos. La organización familiar también representa una ventaja.

Las familias rurales funcionan como unidades básicas de producción a muy bajo costo, sus miembros se reparten la totalidad de las tareas productivas, desde el inicio hasta el fin del proceso, y constituyen un pequeña estructura funcional de tipo empresarial que involucra a todos a diferentes niveles. Obviamente existen desventajas, que pueden resumirse en una sola: la incapacidad de los pequeños productores rurales para negociar en condiciones favorables la compra de insumos, por un lado, y la venta de sus productos, por el otro. Al negociar de manera individual, los agricultores no pueden adquirir los bienes, servicios y conocimientos que necesitan para ejercer su actividad a precios que les sean rentables. Lo mismo pasa al tratar de vender sus productos por cuenta propia y sin ningún valor agregado, permitiendo que los intermediarios se queden con la mayor parte de las ganancias. La falta de un eslabón que permita a las pequeñas unidades productivas acceder a los recursos disponibles en el mercado o a los recursos asignados al campo por el Estado, ha sido resuelta en algunos países europeos, asiáticos y latinoamericanos promoviendo la asociación de esas unidades productivas en organizaciones de tipo cooperativo. En Estados Unidos, aunque los agricultores poseen grandes superficies de tierra, la producción está a cargo de la familia, que funciona como una empresa. Luego, esta empresa familiar se articula con el mercado a través de cooperativas de servicios en las cuales se asocian. Existen argumentos en contra del cooperativismo, entre otras cosas se dice que, en los lugares en donde ha prosperado, sus logros son fruto de condiciones económicas y políticas favorables, reforzadas por instituciones avanzadas creadas para regular el funcionamiento de las cooperativas y promover su labor. Sin embargo, casos como los de Corea del Sur y Colombia, donde existen desde hace años experiencias cooperativas exitosas, demuestran que el esquema puede funcionar aún en situaciones complejas y aparentemente desfavorables. El caso de Corea es particularmente interesante, porque los avances en el sector rural comenzaron inmediatamente después del conflicto bélico que afectó al país en la década de los 50.

¿Es posible hacer algo por el campo mexicano? A partir del análisis de la situación que este sector vive actualmente, así como de las alternativas que existen para provocar el desarrollo y el crecimiento de la economía rural, concretamente el caso de las organizaciones cooperativas, parece no sólo viable, sino necesario estimular a los campesinos a convertirse en los promotores de su propio desarrollo. Si pensamos en el sector rural no como un problema, sino como una gran área de oportunidad, no es difícil darse cuenta que el campo puede ser una opción laboral y productiva competitiva para muchos de sus habitantes, si se fortalecen las capacidades empresariales de los pequeños productores y se les ayuda a identificar oportunidades de desarrollo económico, lo cual debe ir acompañado de esfuerzos educativos tendientes a formar personas responsables de sí mismas, solidarias e involucradas con su comunidad. Este es el pensamiento de la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, A.C., una institución creada y sostenida por la iniciativa privada, con casi cuatro décadas años de experiencia, que ha replanteado su esquema de trabajo para hacer de la promoción de organizaciones de tipo cooperativo una estrategia que le permitirá elevar el nivel de vida de las familias campesinas de escasos recursos en México. Pero ése es el tema de la segunda entrega de esta serie.

Ricardo Reynoso López